Así lo detalla la denuncia interpuesta el viernes por el exministro de Obras Públicas, Francisco Jiménez, en contra de los dos funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) encargados de seleccionar a los proveedores de maquinaria para ese proyecto de ¢19.500 millones.
“Al menos uno de los dos funcionarios del Conavi, encargados de las obras en la ruta Juan Rafael Mora Porras (1856) ha mostrado signos externos de riqueza durante el último año, adquiriendo un vehículo último modelo y cambiándose de casa de habitación a un lujoso residencial, estilo de vida que no se ajusta a los ingresos que por concepto de salario recibe”, dice la denuncia.
Ese empleado es un inspector de obras de apellido Ramírez, a quien La Nación intentó contactar ayer tanto por teléfono como en su residencia, pero no fue posible localizarlo.
La apertura de la trocha se inició a mediados del 2011 bajo el amparo de un decreto de emergencia como respuesta a la invasión nicaraguense a isla Calero.
Anunciada en $325.000. Ramírez se mudó de una vivienda que habitaba en calle Ruiz de San Rafael de Heredia a una casa del residencial Ave del Paraíso.
Se trata de una propiedad que, en febrero del año pasado, estaba a la venta en $325.000 (¢166 millones al tipo de cambio actual) en la página webcrcasasymas.com .
La propiedad mide 1.383 m² y tiene 330 m² de construcción que incluyen una casa principal de cuatro dormitorios, tres baños y medio y cochera para dos vehículos, así como dos cabañas.
De acuerdo con el Registro Nacional, hoy esa propiedad está a nombre de la sociedad Inversiones Inteligentes Protectadas del Cáucazo M F E F Sociedad Anónima, de la cual Ramírez es el tesorero.
Ayer, dentro de la propiedad, estaba estacionado un vehículo marca Ssang Yong, año 2012, estilo Rexton, color negro, adquirido por la esposa de Ramírez el 11 de enero en una importadora ubicada en Santo Domingo de Heredia.
El inspector de obras también adquirió un cuadraciclo en $18.000 en octubre del 2011.
Los antiguos vecinos de Ramírez coincidieron en que el funcionario del Conavi se fue de su vivienda en calle Ruiz varios meses atrás, y que la dejó desocupada.
Un documento adjuntado a la denuncia también revela que Ramírez y el otro funcionario investigado, un ingeniero de apellido Serrano, hicieron viajes a EE. UU. por separado, en marzo de este año.
Quejas. Según lo expuesto por Jiménez ante la Fiscalía, los funcionarios “habrían recibido sumas de dinero por parte de personas físicas o jurídicas a cambio de que fueran contratadas para prestar servicios en las obras” de la trocha.
El documento añade que los empleados “habrían autorizado el cobro de más horas por alquiler de maquinaria de las que se realizaban” y permitido el uso “de maquinaria con modelos diferentes y más antiguos a los contratados”.
La presidenta de la República, Laura Chinchilla, exigió el viernes que ambos funcionarios fueran separados del trabajo que realizaban en la trocha.
Ayer se intentó conocer la versión del director del Conavi, José Luis Salas; sin embargo, se negó a dar explicaciones sobre el caso.
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