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Costa Rica: Patrocinador electoral de Laura Chinchilla con orden de captura internacional

El representante legal de la empresa Helechos Expreso S.A., Jhon Roberto Marsell Carballo, quien donó 10 mil dólares a la campaña electoral de Laura Chinchilla, tiene una orden internacional de captura por adeudar cerca de mil millones de colones a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Así lo reconoció hoy la institución al desmentir que Marsell adeuda ocho mil 700 millones de colones, denuncia presentada por Roberto Mora Salazar, el famoso cobrador Ad Honorem de esa institución, quien cuestionó a la mandataria Chinchilla por qué no se hacen gestiones para cobrar el dinero.

“Monto adeudado a la fecha asciende a unos ¢969 millones. ¢251.0 millones recuperados durante el 2010 y 2011, acciones legales de cobro se mantienen. Ante gestión de la Caja, juzgado Penal de Alajuela giró a la INTERPOL orden de captura internacional, al representante legal del mencionado grupo económico”, anunció un boletín de prensa de la CCSS.

Mora Salazar recordó en su nota a Chinchilla que “René Castro siendo Canciller nombra a la esposa del Sr. Marsell en embajada en Suiza, pero Suiza la rechaza (nadie explicó nunca por qué). Se les olvida traerla al país, así que ella cobra $50.000 en salarios que nunca devuelve (5 veces la donación)”.

 “Nadie explica por qué la nombraron en Suiza y no en Haití, Suiza es el paraíso del secreto bancario para dinero sucio”, según reclamos en las redes sociales.

 Además, se cuestiona que “al volver, la señora declara que perdió los pasaportes diplomáticos, sí, esos que dan inmunidad para cruzar cualquier frontera, y derecho a que no le revisen las maletas aunque los perros antidrogas se estén convulsionando enfrente, y no se puede detener al portador... o sea una "inmunidad internacional" parecida a la que querían los diputados”.

“Doña Laura pedía más fondos para la CCSS. ¿Por qué no le cobra a su amigo Marsell? ¿Por qué el señor Marsell no ha sido detenido si lo busca la Interpol?”, son los cuestionamientos.

Procesos

El comunicado de la Caja indica que 85 Procesos civiles, 103 procesos penales por el delito de retención indebida de cuotas obrero patronales, 85 demandas civiles y 16 procedimientos de cierre por mora, entre otras acciones legales, ha realizado la CCSS contra un grupo de empresas, entre las que se ubica Helechos Expreos, indicó el director de cobros de la CCSS, Luis Diego Calderón”.

Según el funcionario, el estudio de inspección realizado permitió determinar que existe responsabilidad solidaria entre un grupo de empresas, que ha recurrido a diversas maniobras para burlar el pago de las cuotas a la entidad aseguradora. A la fecha, el grupo económico adeuda a la Caja ¢969 millones, aseguró.

Calderón aclaró que “por un error en el sistema informático que consigna las deudas de las empresas bajo la figura de responsabilidad solidaria, se reporta montos mayores a los reales pues automáticamente suma varias veces el monto de la deuda. Este problema técnico ya fue reportado a los responsables del soporte informático y el problema se espera esté solucionado el próximo viernes”.

Añadió que según información brindada por la Dirección Regional de Sucursales Huetar Norte, producto de las gestiones cobratorias judiciales y penales efectuadas al citado grupo económico, durante los años 2010 y 2011, se recuperó la suma de ¢251.0 millones.

De la recuperación anterior, ¢227.9 millones, corresponden al patrono Helechos Expreso, de esta suma ¢66.4 millones, corresponden a la cancelación del arreglo de pago, por proceso sucesorio iniciado por la Caja, situación que produjo que el heredero cancelara la totalidad del arreglo de pago.

“Es importante indicar que producto de las gestiones cobratorias penales, presentadas por la Caja, el Juzgado Penal de Alajuela giró a la INTERPOL orden de captura internacional, al señor Jhon Roberto Marsell Carballo, representante legal del mencionado grupo económico. Así mismo se encuentra acusado por la vía civil y están decretados embargos sobre las cuentas bancarias del sistema nacional y privado, vehículos y propiedades”, precisó la información oficial.

Al final del boletín de prensa, la CCSS anuncia que presentó un proyecto de ley tendiente a reformar varios artículos de la Ley Constitutiva de la Caja, lo cual permitiría contar con instrumentos legales más efectivos para ejercer las acciones de cobro a morosos.

Nota de Mora a la Presidente Chinchilla

Acudo a Usted nuevamente con todo el respeto que se merece, sin embargo, le externo mi gran preocupación por el actuar desinteresado y complaciente de las altas autoridades de nuestra querida Institución la Caja Costarricense de Seguro Social para con el mayor deudor de nuestra Benemérita por concepto de cuotas obrero patronales.

Aunado a este desvelo, aumenta mi ansiedad el manejo político que se está dando con este tipo de empresarios.

Es absolutamente inaceptable, que nuestra Institución ejemplo de  democracia en que vivimos los habitantes de esta querida Patria, se vea una vez más, atacada y agredida por los valores oscuros y tenebrosos de algunos malos ciudadanos, enemigos de los derechos que nos han heredado grandes próceres de nuestra querida Costa Rica, simplemente, por ser allegados o contribuyentes de campaña de uno u otro partido.

Los “señores” John Small Marsell Richardson pasaporte N° Z-3038289 y su hijo John Roberto Marsell Carballo, cédula de identidad N° 1-959-649 con el sin número de razones sociales adeudan a nuestra Caja, la increíble suma de ₡8.700.325.845.00 (ocho mil setecientos millones trescientos veinticinco mil ochocientos cuarenta y cinco colones) se burlan una y otra vez de nosotros los ciudadanos, los asegurados, los verdaderos dueños de nuestra Institución la CCSS.

Estos desvergonzados “ciudadanos” propietarios de la mayoría de terrenos en las faldas del Volcán Poás donde tienen los grandes sembradíos de plantas ornamentales y sobre todo HELECHOS, se dan el tupé de ser los magnates y mayores exportadores de ornamentales a los Estados Unidos y Europa sin que la Caja ni el GOBIERNO los toque ya que con su poderío económico se han vuelto “LOS INTOCABLES”, claro está, en muchas ocasiones los Marsell han prestado a los dignatarios su jet privado para trasladarse a otros países.

Con tal de hacer un poco de historia señora Presidenta, estos protegidos y ungidos por los diferentes gobernantes de Costa Rica, se les ha otorgado reverencia que a continuación detallo.

1.  La señora Alexandra Pino Mora cédula de identidad N°1-953-696 esposa de John Roberto Marsell Carballo, fue designada en Diciembre del 2010 por el Canciller en ese momento René Castro, como Ministra Consejera en Berna, Suiza.  El Gobierno de ese país rechazó esa nominación y a pesar de ello se le pagaron como sueldo $50.000, dinero que nunca devolvió a las arcas del Estado.  Por medio de INTERPOL se está tratando de recobrar los pasaportes Diplomáticos tanto de ella como de sus hijos. http://www.nacion.com/2011-06-30/ElPais/diplomatica-en-suiza-devengo-$50-000-sin-asumir-funciones.aspx

2.  John Roberto Marsell Carballo es buscado por INTERPOL por fraude. http://www.interpol.int/es/Wanted-Persons/%28wanted_id%29/2012-294196  dicho personaje ha sido contribuyente de campaña (Partido Liberación Nacional) del 2002-2006 con un monto de ₡4.987.700.00https://groups.google.com/group/gentepac/tree/browse_frm/month/2009-05/dd83ba93c0578e2f?rnum=21&_done=/group/gentepac/browse_frm/month/2009-05?fwc%3D1%26&hl=es&pli=1

Doña Laura, nunca en Costa Rica ha existido un patrono moroso con esa cantidad de dinero de adeudo con la CCSS.

Le solicito vehementemente se lleve a cabo una investigación a la mayor brevedad posible para recuperar esos dineros que mucha falta le hacen a nuestra Institución.

Se solicite de inmediato al Ministerio de Hacienda parar todas las exportaciones de cualquiera de estas razones sociales hasta tanto se pongan a derecho con sus deudas en la Caja.

Esto sí es digno de FIRMEZA doña Laura, necesitamos quitar de inmediato a estos disque trabajadores de la CCSS que permiten esta clase de complacencia para con estos patronos, esto se llama INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, ¿qué está haciendo el departamento de Cobros?, por favor actúe señora Presidenta, pero sin más dilatación, convenza al pueblo que Usted puede, BASTA YA, de alcahueterías.”

Vecinos alertaron al Gobierno desde marzo sobre anomalías

En noviembre pasado, los habitantes de este cantón empezaron a sospechar de que, al parecer, algo no se estaba haciendo correctamente en la construcción de la trocha paralela al río San Juan.

Luego, en marzo, uno de ellos, Adalberto Cruz, se animó a llamar al diputado Manrique Oviedo, del Partido Acción Ciudadana (PAC), con el fin de solicitarle que lo contactara con algún alto jerarca del Gobierno para enterarlo de la situación.

Pocos días después, cuando Cruz se dirigía a su finca, en la comunidad fronteriza de Las Delicias, a su celular lo llamó el segundo vicepresidente de la República, Luis Liberman, quien, tras la conversación, ordenó a Carlos Acosta, entonces director del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), visitar personalmente al finquero norteño.

“En el encuentro con Acosta le transmití todas las dudas que teníamos, como la ausencia casi total de controles por parte del Conavi, y que, durante ocho días, se acarreó material desde un tajo en La Cruz de Guanacaste, a más de 120 kilómetros de Las Delicias.

”Le expliqué que, en días secos, muchas máquinas permanecían estacionadas muchas horas, y cómo otras, teniendo capacidad hasta para transportar 12 metros cúbicos de material, no las cargaban ni a la mitad”, reveló Cruz cuando un equipo de La Nación lo visitó en su finca.

Agregó que Acosta le prometió investigar el caso, pero que pocos días después dejó su puesto en el Conavi, por lo que gestionó y consiguió una audiencia con el ahora exministro de Obras Públicas, Francisco Jiménez, con quien se reunió el 24 de abril.

“Jiménez me propuso que los vecinos creáramos una comisión de fiscalización, pero, cuando estábamos por darle una respuesta, la presidenta lo destituyó”, comentó el productor.

“Como lugareños confiamos ahora en que se haga una buena investigación, y, si se encuentran pruebas, se castigue a quienes procedieron incorrectamente”, dijo, por su parte, Martha López, vecina de Isla Chica.

Francini Alpízar, directora de la Escuela de El Roble de Cutris, dice que la construcción de la trocha se debería suspender en el invierno.

“No hacerlo así sería seguir derrochando el dinero”, advirtió la docente.

EL CHORIZO DEL GOBIERNO DE LAURA CHINCHILLA DE LA RUTA 1856

La compra de una residencia en las montañas de San Rafael de Heredia, por parte de un inspector de obras del Conavi, encendió la alerta en el Gobierno sobre un presunto pago de dádivas en la construcción de la trocha paralela al río San Juan.

Así lo detalla la denuncia interpuesta el viernes por el exministro de Obras Públicas, Francisco Jiménez, en contra de los dos funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) encargados de seleccionar a los proveedores de maquinaria para ese proyecto de ¢19.500 millones.

“Al menos uno de los dos funcionarios del Conavi, encargados de las obras en la ruta Juan Rafael Mora Porras (1856) ha mostrado signos externos de riqueza durante el último año, adquiriendo un vehículo último modelo y cambiándose de casa de habitación a un lujoso residencial, estilo de vida que no se ajusta a los ingresos que por concepto de salario recibe”, dice la denuncia.

Ese empleado es un inspector de obras de apellido Ramírez, a quien La Nación intentó contactar ayer tanto por teléfono como en su residencia, pero no fue posible localizarlo.

La apertura de la trocha se inició a mediados del 2011 bajo el amparo de un decreto de emergencia como respuesta a la invasión nicaraguense a isla Calero.

Anunciada en $325.000. Ramírez se mudó de una vivienda que habitaba en calle Ruiz de San Rafael de Heredia a una casa del residencial Ave del Paraíso.

Se trata de una propiedad que, en febrero del año pasado, estaba a la venta en $325.000 (¢166 millones al tipo de cambio actual) en la página webcrcasasymas.com .

La propiedad mide 1.383 m² y tiene 330 m² de construcción que incluyen una casa principal de cuatro dormitorios, tres baños y medio y cochera para dos vehículos, así como dos cabañas.

De acuerdo con el Registro Nacional, hoy esa propiedad está a nombre de la sociedad Inversiones Inteligentes Protectadas del Cáucazo M F E F Sociedad Anónima, de la cual Ramírez es el tesorero.

Ayer, dentro de la propiedad, estaba estacionado un vehículo marca Ssang Yong, año 2012, estilo Rexton, color negro, adquirido por la esposa de Ramírez el 11 de enero en una importadora ubicada en Santo Domingo de Heredia.

El inspector de obras también adquirió un cuadraciclo en $18.000 en octubre del 2011.

Los antiguos vecinos de Ramírez coincidieron en que el funcionario del Conavi se fue de su vivienda en calle Ruiz varios meses atrás, y que la dejó desocupada.

Un documento adjuntado a la denuncia también revela que Ramírez y el otro funcionario investigado, un ingeniero de apellido Serrano, hicieron viajes a EE. UU. por separado, en marzo de este año.

Quejas. Según lo expuesto por Jiménez ante la Fiscalía, los funcionarios “habrían recibido sumas de dinero por parte de personas físicas o jurídicas a cambio de que fueran contratadas para prestar servicios en las obras” de la trocha.

El documento añade que los empleados “habrían autorizado el cobro de más horas por alquiler de maquinaria de las que se realizaban” y permitido el uso “de maquinaria con modelos diferentes y más antiguos a los contratados”.

La presidenta de la República, Laura Chinchilla, exigió el viernes que ambos funcionarios fueran separados del trabajo que realizaban en la trocha.

Ayer se intentó conocer la versión del director del Conavi, José Luis Salas; sin embargo, se negó a dar explicaciones sobre el caso.